La Ley de Segunda Oportunidad es el nombre con el que se conoce habitualmente en España al mecanismo legal que permite a determinadas personas físicas, sean particulares, autónomos o empresarios, conseguir la exoneración de parte o de la totalidad de sus deudas cuando se encuentran en una situación de insolvencia y cumplen los requisitos establecidos por la legislación concursal.
Ahora bien, existe una importante precisión jurídica: actualmente no existe una norma denominada oficialmente “Ley de Segunda Oportunidad”. La regulación se encuentra principalmente en el Texto Refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, y reformado de forma sustancial por la Ley 16/2022, de 5 de septiembre.
La reforma de 2022 modificó el régimen de exoneración del pasivo insatisfecho y eliminó de la denominación legal la expresión “beneficio de exoneración”. Por eso, cuando actualmente se habla de “acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad”, en términos jurídicos se está haciendo referencia, principalmente, al procedimiento de exoneración del pasivo insatisfecho (EPI) previsto en la Ley Concursal.
Índice
- ¿Qué es realmente la Ley de Segunda Oportunidad?
- ¿La Ley de Segunda Oportunidad fue derogada en 2022?
- ¿Quién puede acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad?
- ¿Qué deudas se pueden cancelar?
- ¿Qué opciones existen para conseguir la exoneración?
- ¿La Ley de Segunda Oportunidad permite conservar la vivienda?
- ¿Qué ocurre con los avalistas y las personas que han garantizado la deuda?
- ¿Qué ventajas puede tener la Ley de Segunda Oportunidad?
- ¿Por qué es importante contar con asesoramiento jurídico?
- Preguntas Frecuentes
- Conclusión
¿Qué es realmente la Ley de Segunda Oportunidad?
La llamada Ley de Segunda Oportunidad es un mecanismo previsto para que una persona natural sobreendeudada pueda obtener, bajo determinadas condiciones, la exoneración de las deudas que no pueda satisfacer.
El artículo 486 del Texto Refundido de la Ley Concursal establece que el deudor persona natural, sea o no empresario, puede solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho cuando reúna los requisitos legales. La norma contempla dos grandes vías: la exoneración con un plan de pagos y sin previa liquidación de la masa activa, o la exoneración con liquidación de la masa activa.
Por tanto, no se trata de una simple negociación con los bancos ni de una cancelación automática de las deudas.
Es un mecanismo judicial regulado por la legislación concursal, en el que deben analizarse la situación económica del deudor, sus bienes, sus ingresos, sus acreedores y el cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley.
La finalidad es permitir que una persona que ha quedado atrapada en una situación de insolvencia pueda, cuando proceda, liberarse jurídicamente de determinadas deudas y recuperar su capacidad económica.
¿La Ley de Segunda Oportunidad fue derogada en 2022?
No exactamente. Esta es una de las principales confusiones alrededor de la Segunda Oportunidad en España.
La denominada “Ley de Segunda Oportunidad” no era, técnicamente, una ley independiente con ese nombre. El régimen anterior estaba integrado en la legislación concursal y fue reformado por la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, que modificó el Texto Refundido de la Ley Concursal.
La reforma entró en vigor el 26 de septiembre de 2022 y sustituyó buena parte de la regulación anterior del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho por un sistema diferente.
Actualmente, por tanto, es más correcto hablar de exoneración del pasivo insatisfecho que de “beneficio de la Segunda Oportunidad”.
Sin embargo, desde el punto de vista de la búsqueda en Internet, “Ley de Segunda Oportunidad” continúa siendo una expresión ampliamente utilizada para identificar este mecanismo. Por eso, ambas expresiones pueden convivir en un contenido jurídico dirigido al público general:
Ley de Segunda Oportunidad = denominación habitual; exoneración del pasivo insatisfecho = denominación jurídica del mecanismo actual.
¿Quién puede acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad?
El mecanismo está dirigido a personas físicas, tanto particulares como personas que desarrollen una actividad empresarial o profesional (administradores de sociedades mercantiles)
El artículo 486 de la Ley Concursal establece expresamente que el deudor persona natural puede solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho, sea o no empresario, siempre que cumpla las condiciones previstas legalmente.
Esto significa que pueden encontrarse dentro de su ámbito, por ejemplo:
- Personas asalariadas con un elevado nivel de endeudamiento.
- Autónomos que hayan acumulado deudas derivadas de su actividad.
- Empresarios individuales.
- Profesionales que hayan sufrido una situación de insolvencia.
- Personas que hayan asumido préstamos, créditos u otras obligaciones que posteriormente no pueden atender.
No obstante, tener deudas no significa automáticamente tener derecho a la exoneración.
La ley establece determinadas circunstancias que pueden impedir que el deudor obtenga la exoneración. Entre ellas se encuentran determinadas condenas penales, determinadas sanciones administrativas, determinados supuestos de concurso culpable, incumplimientos de los deberes de colaboración o información y comportamientos considerados fraudulentos, temerarios o negligentes en determinadas circunstancias.
Por ello, antes de iniciar un procedimiento es fundamental analizar individualmente la situación económica y jurídica del deudor.
¿Qué deudas se pueden cancelar?
Uno de los aspectos más importantes de la Segunda Oportunidad es que no todas las deudas reciben necesariamente el mismo tratamiento.
El artículo 489 del Texto Refundido de la Ley Concursal establece como regla general que la exoneración puede extenderse a las deudas insatisfechas, pero también recoge determinadas excepciones.
Entre las deudas que la norma excluye de la exoneración se encuentran, con carácter general:
- Determinadas deudas por responsabilidad civil derivada de daños personales.
- Deudas derivadas de responsabilidad civil por delito.
- Deudas por alimentos.
- Determinados salarios.
- Determinadas multas y sanciones administrativas muy graves.
- Las costas y gastos judiciales derivados de la propia solicitud de exoneración.
- Determinadas deudas garantizadas con garantía real, dentro del límite del privilegio especial.
También existe una regulación específica para determinados créditos de Derecho público.
En particular, la legislación permite actualmente una exoneración limitada de determinadas deudas cuya gestión recaudatoria corresponde a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y de determinadas deudas con la Seguridad Social, dentro de los límites establecidos legalmente. La regulación contempla hasta 10.000 euros por deudor para cada uno de estos ámbitos, con las condiciones y límites establecidos en el artículo 489.
Por tanto, no es correcto afirmar que la Ley de Segunda Oportunidad “borra todas las deudas”.
La cantidad y el tipo de deuda que pueden quedar exonerados dependen de las circunstancias concretas del procedimiento y de la naturaleza de cada crédito.
¿Qué opciones existen para conseguir la exoneración?
La legislación concursal contempla actualmente dos grandes modalidades.
Exoneración mediante plan de pagos
El deudor puede solicitar la exoneración sin que sea necesario proceder previamente a la liquidación de todo su patrimonio, sometiéndose a un plan de pagos respecto de las deudas que correspondan.
Esta alternativa puede resultar especialmente relevante cuando el deudor dispone de determinados bienes o ingresos que desea conservar, siempre que concurran las condiciones legalmente exigidas.
La exoneración puede concederse inicialmente con carácter provisional y convertirse posteriormente en definitiva cuando se cumplan las condiciones establecidas en el plan. La legislación también contempla determinadas circunstancias en las que el juez puede conceder la exoneración definitiva aunque el plan no se haya cumplido íntegramente, cuando el incumplimiento obedezca a determinadas circunstancias graves e imprevisibles.
Exoneración con liquidación de la masa activa
La segunda vía está vinculada a la liquidación de la masa activa.
En determinados supuestos, los bienes del deudor pueden liquidarse para satisfacer, hasta donde sea posible, los créditos de los acreedores. Una vez producido el supuesto legal correspondiente, el deudor puede solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho si reúne los requisitos exigidos.
La Ley Concursal contempla incluso determinadas situaciones de concurso sin masa, en las que puede solicitarse la exoneración conforme al procedimiento previsto legalmente.
La elección de una u otra vía no debería hacerse únicamente atendiendo al importe de las deudas. Es necesario analizar el patrimonio, los ingresos, la vivienda habitual, la actividad profesional, las garantías existentes y la composición del pasivo.
¿La Segunda Oportunidad permite conservar la vivienda?
Esta es una de las preguntas más frecuentes y la respuesta no puede ser simplemente “sí” o “no”.
La posibilidad de conservar determinados bienes depende de las circunstancias del procedimiento y, especialmente, de la modalidad de exoneración elegida y de la situación concreta del patrimonio del deudor.
La existencia de una hipoteca tampoco significa que la deuda hipotecaria desaparezca automáticamente mediante la exoneración. La propia Ley Concursal establece reglas específicas para las deudas con garantía real y para el tratamiento del crédito garantizado.
Por eso, una persona que tenga vivienda, hipoteca u otros bienes de valor debería estudiar previamente las consecuencias patrimoniales de cada alternativa.
¿Qué ocurre con los avalistas y las personas que han garantizado la deuda?
La exoneración concedida a una persona no libera automáticamente a terceros que hayan garantizado sus obligaciones.
El artículo 492 del Texto Refundido de la Ley Concursal establece que la exoneración no afecta, con carácter general, a los derechos de los acreedores frente a obligados solidarios, fiadores, avalistas, aseguradores o hipotecantes no deudores.
Esto tiene una consecuencia práctica importante.
Si una persona obtiene la exoneración de una deuda que también está garantizada por un familiar como avalista, por ejemplo, el acreedor puede conservar sus derechos frente al avalista en los términos previstos legalmente.
Por ello, antes de iniciar el procedimiento conviene identificar no solo las deudas del solicitante, sino también las garantías personales o reales asociadas a ellas.
¿Qué ventajas puede tener la Ley de Segunda Oportunidad?
La principal finalidad del mecanismo es permitir que una persona que cumple los requisitos legales pueda superar una situación de insolvencia mediante la exoneración del pasivo que resulte legalmente exonerable.
Entre sus posibles efectos se encuentran:
- La extinción de determinadas deudas que no hayan podido satisfacerse.
- La posibilidad de reorganizar la situación económica del deudor.
- La recuperación de una mayor capacidad para desarrollar una actividad económica.
- La actualización de determinados registros de información crediticia afectados por la exoneración.
La Ley Concursal establece que los acreedores cuyos créditos hayan quedado extinguidos por la exoneración no pueden continuar ejerciendo acciones para cobrar esos créditos, salvo las actuaciones relacionadas con una eventual revocación de la exoneración.
Además, el artículo 492 ter contempla mecanismos para que la resolución judicial de exoneración se comunique a los sistemas de información crediticia correspondientes, permitiendo actualizar la información relativa a las deudas afectadas.
¿Por qué es importante contar con asesoramiento jurídico?
La Segunda Oportunidad no consiste simplemente en presentar una solicitud para que desaparezcan las deudas. El procedimiento exige estudiar previamente cuestiones como:
- La situación de insolvencia.
- El origen y naturaleza de cada deuda.
- Los bienes y derechos del deudor.
- Los ingresos actuales y previsibles.
- Las garantías y avales existentes.
- Las posibles deudas con Hacienda y Seguridad Social.
- La existencia de procedimientos judiciales.
- El cumplimiento de los requisitos para acceder a la exoneración.
- La modalidad de exoneración más adecuada.
Además, determinados comportamientos previos del deudor pueden ser relevantes para valorar si se cumplen los requisitos legales.
Por esta razón, no existen dos procedimientos de Segunda Oportunidad exactamente iguales. La estrategia jurídica debe construirse a partir de la situación patrimonial, personal y económica de cada deudor.
Ley de Segunda Oportunidad en España: preguntas frecuentes
Sí. Lo que ha cambiado es su regulación. Actualmente, el mecanismo se encuentra integrado principalmente en el Texto Refundido de la Ley Concursal, tras la reforma introducida por la Ley 16/2022. “Ley de Segunda Oportunidad” continúa siendo la denominación habitual utilizada para referirse a este mecanismo, mientras que jurídicamente se habla de exoneración del pasivo insatisfecho.
Sí. La Ley Concursal establece expresamente que el deudor persona natural puede solicitar la exoneración sea o no empresario. Por tanto, el mecanismo no está reservado a autónomos o empresarios.
Puede existir una exoneración limitada de determinados créditos de Derecho público, en los términos y con los límites establecidos por la Ley Concursal. La regulación actual contempla específicamente determinados créditos cuya gestión recaudatoria corresponde a la AEAT y determinados créditos de Seguridad Social.
Las deudas derivadas de préstamos, créditos o tarjetas pueden estar entre los créditos susceptibles de exoneración, siempre que no estén incluidas en alguna de las categorías legalmente excluidas y se cumplan los requisitos para obtener la exoneración.
No. Las deudas con garantía real tienen un tratamiento específico en la Ley Concursal y la exoneración no implica automáticamente la desaparición de la garantía ni de todas las obligaciones vinculadas a ella.
No necesariamente. La exoneración del deudor no se extiende automáticamente a sus avalistas, fiadores u otros obligados solidarios. Los derechos de los acreedores frente a estas personas se mantienen en los términos establecidos por la legislación.
No existe una regla general según la cual sea imprescindible tener un determinado nivel de ingresos. La posibilidad de obtener la exoneración depende del conjunto de requisitos establecidos en la Ley Concursal y de las circunstancias concretas del deudor.
No existe un plazo único aplicable a todos los casos. La duración depende de factores como la modalidad de exoneración, la existencia de bienes, el número y naturaleza de los acreedores, las actuaciones judiciales y las posibles incidencias que surjan durante el procedimiento.
La Ley Concursal establece límites para presentar nuevas solicitudes. Actualmente, después de una exoneración mediante plan de pagos deben transcurrir al menos dos años desde la exoneración definitiva, mientras que después de una exoneración con liquidación de la masa activa deben transcurrir al menos cinco años desde la resolución que la concedió. Además, las nuevas solicitudes no pueden alcanzar al crédito público.
Sí, como denominación divulgativa y de búsqueda es habitual y comprensible. Sin embargo, desde un punto de vista estrictamente jurídico, la denominación adecuada es exoneración del pasivo insatisfecho, regulada actualmente en el Texto Refundido de la Ley Concursal. La Ley 16/2022 reformó el régimen anterior y modificó sustancialmente su regulación.
No. La exoneración no es automática ni universal. Es necesario cumplir los requisitos establecidos por la Ley Concursal y determinadas categorías de deuda quedan fuera de la exoneración o tienen un régimen específico.
Conclusión
La Ley de Segunda Oportunidad sigue siendo una herramienta legal vigente en España, aunque su denominación jurídica actual sea diferente de la que popularmente utiliza la mayoría de las personas.
Desde la reforma introducida por la Ley 16/2022, el eje del sistema se encuentra en la exoneración del pasivo insatisfecho, regulada en el Texto Refundido de la Ley Concursal. Este mecanismo permite que determinadas personas físicas puedan obtener la exoneración de las deudas que cumplan determinados requisitos, mediante las vías previstas por la legislación concursal.
Por ello, ante una situación de sobreendeudamiento, no basta con conocer cuánto se debe. Es necesario determinar qué tipo de deudas existen, qué patrimonio tiene el deudor, cuáles son sus ingresos, qué garantías se han constituido y qué modalidad de exoneración puede resultar jurídicamente viable.